Una nueva directriz del Ministerio de Educación ha generado preocupación entre familias de niños con autismo y otras discapacidades, al establecer que el servicio de los llamados «maestros sombra» será considerado un apoyo particular, por lo que su contratación y pago quedará bajo la responsabilidad de los padres de familia.
La medida motivó una protesta en los exteriores del Ministerio, en Quito, donde colectivos y representantes de organizaciones exigieron la derogatoria de la normativa, al considerar que vulnera el derecho a una educación inclusiva y afecta especialmente a las familias que no cuentan con los recursos económicos para costear este servicio.
Los maestros sombra son profesionales especializados en educación inclusiva que brindan acompañamiento personalizado a estudiantes con necesidades específicas, cuando su intervención ha sido recomendada por un especialista de la salud.
Hasta la emisión de esta directriz, en mayo de 2026, no existía una regulación específica sobre su participación en las instituciones educativas. Un acuerdo ministerial de 2023 únicamente establecía lineamientos para el ingreso de personal externo a los planteles, dejando la aplicación de estos apoyos bajo los protocolos internos de cada institución.
Cynthia Andino, presidenta de la Fundación Aleluya e integrante de la Red Nacional de Organizaciones de Trastorno del Espectro Autista, cuestionó la disposición y aseguró que la normativa restringe derechos al trasladar la responsabilidad económica a las familias.
«Si un niño requiere un apoyo externo como una maestra sombra, la familia tiene que asumir el costo, cuando es el Estado el que debe garantizar los apoyos necesarios para una educación inclusiva»señaló.
Padres de niños con Autismo protestaron en Quito.
