El Presidente @DanielNoboaOk firmó el Decreto Ejecutivo 366, que introduce un nuevo reglamento para el sistema penitenciario ecuatoriano, con cambios estructurales orientados a enfrentar la crisis carcelaria y reforzar el control en los centros de privación de libertad.
La normativa —que cuenta con 131 páginas y 279 artículos— otorga al SNAI la responsabilidad exclusiva de ejecutar y gestionar las políticas penitenciarias.
Uno de los ejes centrales del reglamento es que las personas privadas de libertad deberán trabajar como parte de su proceso de rehabilitación, con programas de capacitación técnica, certificaciones oficiales y un registro mensual obligatorio de horas y producción.
En paralelo, se elimina el uso de dinero en efectivo dentro de las cárceles. Las compras en economatos se realizarán mediante transferencias electrónicas y con montos limitados, con el objetivo de frenar economías ilegales al interior de los centros.
Otro cambio clave es que los procesados o sentenciados que accedan a dispositivos de vigilancia electrónica deberán asumir su costo, salvo en casos de comprobada insolvencia o enfermedades graves, trasladando parte de la carga económica al propio beneficiario.
El decreto también dispone la creación de centros exclusivos para deudores de pensiones alimenticias y contraventores de tránsito, evitando su convivencia con personas procesadas por delitos comunes o de mayor peligrosidad.
Además, se fortalecen los mecanismos de control con sistemas de vigilancia e inteligencia penitenciaria, junto a la implementación de un régimen especial para internos considerados de alto riesgo.
Con este nuevo reglamento, el Gobierno busca retomar el control de las cárceles, reducir la violencia interna y avanzar hacia un modelo que combine seguridad con rehabilitación efectiva.